Susana Sierra: "En Chile hay más riesgo de lavado de activos del que se piensa"

Susana Sierra de BH Compliance / Fotografía: Darío Vargas Susana Sierra de BH Compliance / Fotografía: Darío Vargas
El sector inmobiliario destaca entre los rezagados en adoptar los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, dice la socia y gerenta comercial de BH Compliance. Esa legislación, que ya cumple 5 años, insta a las empresas a implementar modelos preventivos de los delitos de cohecho, blanqueamiento y financiamiento del terrorismo.
 
 
La ley 20.393 cumple, en diciembre, 5 años de vigencia. La norma, que da responsabilidad penal a las personas jurídicas, insta a las empresas a la autorregulación, de modo que puedan protegerse y defenderse judicialmente en la eventualidad de que alguno de sus funcionarios incurra en los delitos de cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. ¿Cómo? Mediante la acreditación, por parte de firmas independientes y especializadas, del diseño e implementación de modelos preventivos de esos ilícitos. En este mercado, Susana Sierra es una de las pioneras. BH Compliance –certificadora de la cual es socia y gerenta comercial– fue la primera en emitir una acreditación de modelos preventivos y en exportar este servicio. Los destinos escogidos fueron Panamá y Perú. Es más, la experta en cumplimiento corporativo ha sido invitada a exponer del tema en el Congreso de la nación incaica, donde se debate una regulación similar a la chilena.

El cohecho no tiene por qué ser plata de la firma y un empleado puede cometer estas irregularidades porque tiene incentivos perversos.”.

La economista y también académica de la Universidad Católica es, por tanto, voz autorizada para evaluar la operación de ese articulado, a un lustro de su promulgación. “Después de 5 años, puedo decir que la ley está en la conciencia de los empresarios chilenos”, señala.

Un elemento que influyó favorablemente es que el Estado comenzó a exigir a las compañías públicas los programas de prevención y sus respectivas certificaciones, destaca Sierra. “Eso fue una buena medida. En otros países se debate sobre si incluir o no a firmas estatales en legislaciones parecidas. Fue muy positivo que se partiera por casa, para incentivar esta autorregulación”, sostiene.

Agrega, sin embargo, que la adopción de la norma no fue sencilla ni ágil: “De no haber existido el caso La Polar, es posible que el proceso no hubiera sido tan rápido”. Complementa: ¿Por qué impactó tanto lo de La Polar? Los directores eran gente respetada, pero salieron en los diarios por no cumplir con su deber de supervisión y dirección. Es decir, que tendrían que haberse dado cuenta de lo que estaba sucediendo y de que todos les habían pasado por encima.

La cultura empresarial prexistente también jugó en contra. Y costó modificar esa visión. Al comienzo, los inversionistas y dueños de compañías pensaban que esto era una persecución y una traba al emprendimiento, relata. Pero la nueva ley buscaba que las corporaciones fueran proactivas ante la posibilidad de ser utilizadas para cometer ilícitos. “Esto está pensado para que las firmas aporten en la prevención de esos delitos a través de sus controles internos (…) Y ha habido un cambio de actitud de los propios empresarios; hoy piensan que esto les sirve, les conviene y los protege”, aclara.

-Pinturas Ceresita protagonizó un caso emblemático de cohecho que fue sometido a la justicia por esta norma. Y, luego de un acuerdo judicial, pagó US$2,5 millones. ¿Eso implicó una preocupación mayor de los gobiernos corporativos?
Sí, llevó a tomar conciencia en el sentido de que esto le puede pasar a cualquiera. Esta ley es preventiva. No se trata de que los empresarios o directores pongan las manos al fuego por todos sus empleados, sino que tengan programas que prevengan la ocurrencia de estos delitos, con controles adecuados, políticas, procedimientos y protocolos para poder descubrir si al interior de la organización ocurren estos ilícitos.
 
Fue un caso emblemático porque es una empresa común y corriente, que aún es medio familiar, conocida, respetada y con una historia intachable. Es interesante porque se descubrió que un funcionario municipal estaba recibiendo coimas, que no fueron solo de Ceresita, pues hubo otras compañías. El tema es que en Ceresita quisieron llegar a un acuerdo y dijeron: “Bueno, realmente no teníamos un programa para prevenir delitos. ¿Cómo hacemos para remendar lo que pasó y empezar a hacer las cosas bien?”. En ese convenio se contempló el diseño y certificación de un programa.


-¿Qué otros casos ha habido y qué sanciones se aplicaron?
Entre otros, los de salmones Colbún y áridos Maggi. Les dieron penas accesorias, como la prohibición de contratar con el Estado, y que pueden doler más que la multa (en dinero). Les puede significar la quiebra dado que se les cierra un área de negocios importante.

FALTA MADUREZ
-Esta norma solo sanciona el cohecho, el blanqueamiento de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Qué relevancia tienen esas infracciones en Chile?
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) exige que los países que van a ingresar a esa entidad tengan las medidas adecuadas para prevenir el cohecho. En este contexto, la mejor opción es la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, porque si solo se siguen procedimientos civiles o administrativos, las sanciones se van a basar en multas. Los empresarios hasta podrían incluir esos castigos en el costo de portarse bien o mal. Esta ley va más allá y le duele más a las firmas. El lavado y el financiamiento del terrorismo se están combatiendo a nivel mundial a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Entonces, en términos de relevancia, creo que estos tres delitos son un comienzo.
 
-Grandes escándalos recientes, como los de colusión de las farmacias, de los pollos o los casos Cascadas y La Polar han tenido más que ver con transgresiones a las leyes de mercado de valores, de sociedades anónimas, de libre competencia y del consumidor. ¿Estas deberían incorporarse a la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas?
A pesar de que ninguno de esos delitos está en la ley, ya empieza a existir la conciencia, a nivel de directorios, de cumplir con el deber de supervisión y dirección. Es decir, de hacer lo posible porque no ocurran. Hoy hay muchas compañías que ya están implementando programas de cumplimiento de libre competencia, de abuso de posición dominante o colusión, sin que estén en la ley que estamos analizando. Eso es bueno.

-Pero, ¿es necesario tipificar en esta ley la colusión o los quebrantamientos a las leyes de mercado de valores o de libre competencia?
Creo que sería bueno. Me parece que a la larga se va a terminar haciendo. Sin embargo, dado que aún hay muchas empresas que no han efectuado los modelos para los tres iniciales, todavía nos falta madurar eso. Lo importante es que, exista o no la tipificación de nuevos ilícitos, ya hay corporaciones implementando programas de prevención que no son por Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Lo sé porque nosotros estamos certificando esos planes que tienen que ver, por ejemplo, con libre competencia.
 
Sería muy positivo que se incorporen otros delitos, pero creo que es un riesgo que se haga en el corto plazo. Recién las grandes corporaciones están terminando con los programas de prevención para los ilícitos que ya existen. Aún hay muchas que deben hacerlo.

-¿Solo las grandes lo han hecho? ¿Qué pasa con las de menor tamaño, las pymes?
Principalmente han sido las grandes. En BH Compliance hemos certificado 169 personas jurídicas. Si lo llevamos a empresas, es el equivalente a 60 y, en el país, en total debe haber como 120. Entre ellas están todos los bancos grandes y algunos chicos, todas las corredoras de bolsa y varias aseguradoras y mineras.
Hay pymes que lo han querido hacer y eso es, fundamentalmente, porque las grandes que lo han implementado comienzan a exigir a sus proveedores que lo hagan. Hoy hay pocas pequeñas y medianas certificadas, pero vamos avanzando.
 
COLUSIÓN, A LA CARCEL
-Respecto al cartel de los pollos, cuya sanción del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se conoció recientemente, se ha vuelto a debatir sobre penalizar la colusión con cárcel. ¿Está de acuerdo con eso?
Sí. Hoy está tipificada como una infracción administrativa y las multas son de ese carácter, por lo que el desincentivo para cometerlo no es alto. En la única situación donde se está revisando un tipo penal es por la alteración de precios, en el caso farmacias. Atendiendo al daño que estas conductas provocan a la sociedad, creo que sería muy bueno que exigieran penas más altas que las administrativas, que incluso podrían ser consideradas como el “costo de coludirse”. Solo así se podrá generar un desincentivo real.
 
-¿Hay sectores económicos que presenten rezago en adaptarse a la ley?
Lo primero es que en Chile hay más riesgo de lavado de activos del que se piensa. Y sobre la pregunta, uno de los rubros que se ha quedado atrás, y que sorprende porque debió ser el primero dado el alto riesgo de cohecho y de lavado de activos, es el inmobiliario.

Hace unas semanas, en Panamá y sin saber quién era yo, unos argentinos me preguntaron cómo podían traer plata que tenían guardada bajo el colchón en su país para meterla en los bancos de acá. No provenía de drogas, pero era “negra”. Por las circunstancias que tienen allí venden, por ejemplo, 30% con boleta y 70% en “negro”. Y son negocios serios. El tema es que habían encontrado una forma, que se está dando y que es lavado de activos (por ejemplo, de evasión de impuestos u otros delitos que son precedentes del blanqueamiento), y es la adquisición de bienes raíces. Uno de ellos tenía tres propiedades en La Serena. Traía el dinero escondido, compraba departamentos al contado y nadie le preguntaba nada. Después, él lo podrá vender y tendrá cómo demostrar de dónde sacó la plata, que estará limpia.
 
-¿Por qué este es uno de los rubros más expuestos?
La relación entre jefe de obras e inspector municipal muchas veces pasa a ser de amistad. Puede ser que, sin saber que está cometiendo cohecho, el primero le regale vinos al segundo, por ejemplo. Por otro lado, si soy funcionario de una compañía y me voy a ganar un bono millonario al conseguir una meta, quizás soy capaz de dar parte de ese monto por lograr el objetivo. El cohecho no tiene...
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