La nueva Ley de Quiebras a Empresas y Personas

La nueva Ley de Quiebras a Empresas y Personas

El Pasar de casi cinco años de trámites a solo doce meses. Esa es la principal ventaja que las autoridades destacan de la nueva Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas, o que muchos llaman Ley de Reemprendimiento, que tras su aprobación en el Congreso estará en funcionamiento en menos de un año en el país.

Durante el proceso, ninguna firma que haya solicitado el proceso podrá ser ejecutoriada. La gran novedad: por primera vez incluirá a personas.

El escenario actual no deja muchas dudas. De las 142 quiebras anuales que en promedio hay en Chile, donde se ven afectados unos 2.620 trabajadores, el 70 % son pymes. En contraste, no hay más de 10 convenios de reorganización, los cuales no siempre son efectivos, sino que solo de liquidación de bienes. Es decir, previenen la quiebra, pero acordando una liquidación ordenada. De hecho, entre enero de 2006 y diciembre del 2012, hubo 982 quiebras publicadas y solo 69 convenios tramitados. Esos números y, sobre todo, los plazos, es algo que Josefina Montenegro luchó por cambiar. Una legislatura que reemplace a la temida Ley de Quiebras y que, según una de sus firmes impulsoras, "tuvo un apoyo transversal entre los partidos políticos en el Congreso. El trámite en sí fue bastante expedito".

Los datos no mienten. Casi tres de cada cuatro empresas que ahora inician un proceso de quiebra van a la liquidación de sus bienes....

Ahí vemos un desequilibrio evidente. Por rubro, el sector que más quiebra en Chile es el comercio, luego están las industrias no metálicas y la construcción, de las cuales hubo muchas este semestre. Si nos comparamos a los otros miembros de la OCDE, en el ranking 2012 estamos en el lugar 110 de 183 economías evaluadas. Nos sitúan tan mal por nuestra tasa de recuperación, que es del 25,5 % solamente, mientras que el promedio de los pares de la OCDE es de 78,2 %. Otro subíndice es la duración del procedimiento, que acá dura cuatro años y medio en lo administrativo, desde que comienza el proceso hasta que rinde la cuenta definitiva el síndico o se sobresee legalmente la quiebra. Eso se compara con el promedio de 1,7 años de los pares de la OCDE.

Precisamente, esos cuatro años y medio de duración es uno de los puntos clave que quiere cambiar la nueva legislación...

Uno de los cambios más grandes son los plazos, para que sean más cortos y eficientes. El ranking 2014 de la OCDE salió el mismo día que se aprobó la ley (29 de octubre), por lo que no alcanzó a estar en él y no pudimos subir. Ahora estamos estancados en el ranking por la tasa de recuperación de los acreedores, que es muy baja, y por los plazos, que son muy largos. Eso hace que los activos se desvaloricen, ya que se reinsertan muy tarde en la economía.
Para entenderlo bien, ¿cómo es el procedimiento hoy en día?

Primero tenemos el convenio judicial preventivo, que evita la quiebra. Este se inicia voluntariamente por parte de un deudor y se llama a una junta de acreedores para votar el convenio. Si se aprueba, se evita la quiebra y se comienza a ejecutar de acuerdo a las condiciones estipuladas en la junta. El problema es que no se establecen plazos fijos. Y si se llegan a establecer, no se cumplen. En una situación de insolvencia, es muy importante iniciar el procedimiento lo más rápido posible. Hoy, esto no pasa ni en el convenio ni en la quiebra.

¿Están en los convenios las principales deficiencias de la ley actual?
Yo creo que están más en la quiebra. No hay una uniformidad de jurisprudencia. Cuando se presenta la solicitud de quiebra, muchos tribunales citan a una audiencia informativa en el día 15. Otros al día 3 y otros al día 10. Nunca se sabe cuándo se citará la audiencia y luego el tribunal dicte la sentencia de quiebra. En cambio, nosotros sí fijamos plazos en el proyecto de ley para que sea claro cuándo se tiene que dictar la resolución de liquidación, como la hemos llamado. Respecto a los convenios tampoco hay plazos fijos. Hoy, el plazo mínimo para acordarlo es de 43 días hábiles, que en la práctica no se cumple nunca.

Es decir, no había reglas del juego claras. O si las había, eran poco acotadas. ¿Cómo se mejora eso con el Procedimiento Concursal de Reorganización que proponen?
Primero que todo, pone los incentivos para que el deudor efectivamente pueda reorganizarse. Primero se establece una Protección Financiera Concursal, que se puede prorrogar hasta por 90 días. Es decir, no se le puede ejecutar ninguna deuda en todo ese período, para que tenga la tranquilidad de poder negociar con sus acreedores. También puede pedir préstamos, vender ciertos activos y continuar con su giro. Todo esto supervigilado por un veedor, que es fiscalizado por nosotros.

¿Se le protege, por ejemplo, de embargos?
Se le protege de juicios ejecutivos, que es el que lleva al embargo propiamente tal. Se establece un statu quo, para que pueda negociar efectivamente y llegar a la junta de acreedores para acordar la reorganización...

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