Comienza el consentimiento explícito

Nuevamente en Chile habrá que decidir entre SÍ o NO. Una opción cargada de simbolismo político pero que ahora se traslada al ámbito financiero, específicamente a los contratos de las personas.

El 19 de diciembre del año pasado, entró en vigencia el consentimiento explícito, normativa que obliga a bancos, el retail y cualquier institución financiera a pedir la aprobación concreta a su cliente sobre cualquier cambio que propongan en las reglas de un servicio, por ejemplo, el uso de tarjetas.

Esto representa una verdadera transformación en la industria, que durante muchos años usó la aceptación tácita. Es decir, aquella que entendía el solo uso de una tarjeta o el silencio de un cliente como un SÍ. Eso ya no corre más, luego de los polémicos casos de alzas en la comisiones que cobraban BancoEstado en las cuentas de ahorro y Cencosud en las extintas tarjetas Jumbo Más, episodio que para muchos le costó la carrera presidencial a Laurence Golborne.

Las reglas del juego parecen claras. Si se quiere subir el cobro por mantención o cualquier otra modificación, las empresas podrán usar distintos medios para conseguir el visto bueno. Por un lado están los llamados "remotos": correo eléctrónico, página web, mensaje de texto y llamados telefónicos con conversaciones grabadas. También están los mecanimos "presenciales", como la autentificación biométrica o los cajeros automáticos. Todas estas opciones son tanto para aprobar como rechazar las modificaciones. Incluso, con aquellos clientes que simplementen no respondan en los siguientes 30 días luego de comenzado el proceso a través de estos mecanismos, la empresa podrá unilateralmente terminar el contrato.

O sea, el silencio ya no es aceptación sino un rechazo tácito. Algo que le preocupa a la Conadecus, ya que serían miles los clientes que quedarían "botados" por la empresa. Además, la organización de defensa de los consumidores puso también el foco en cómo las empresas justifican las alzas en el cobro de las comisiones. Para su presidente, Hernán Calderón, "da lo mismo si es por la UF o el IPC, pero que sea un parámetro claro".

Al anunciar la puesta en marcha de la normativa, luego de una lenta toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, el ministro de Economía, Félix de Vicente, aseguró a las personas que "sus contratos no serán modificados si es que su consentimiento expreso no ha sido entregado con pleno conocimiento de las modificaciones que se le proponen y usando medios seguros y verificables". Por su parte Jorge Awad, presidente de la ABIF y quien...

 

 

 

 

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